ANECPLA DENUNCIA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Cinco Organizaciones Empresariales del sector de servicios, entre ellas ANECPLA, denuncian el Anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público, que deberían mejorar el acceso de las pymes a las licitaciones públicas, por ser un manifiesto ataque a los intereses de las pequeñas y medianas empresas.

¿El motivo de la denuncia? Evitar favorecer que la mayoría de la contratación se concentre en un pequeño grupo de grandes empresas favoreciéndolas en detrimento de las pymes y dañando gravemente la libre competencia.

Las 5 Asociaciones y Federaciones (ANECPLA, FEHR, FES, AFELIN y CONAIF), que representan a 32.702 empresas y 642.368 trabajadores, han entregado a la CEOE, un listado de alegaciones respecto al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público por estar claramente en contra de los intereses de las pymes y de la libre competencia en la contratación pública, contraviniendo las directrices previstas en las Directivas a nivel Europeo.

El Gobierno ya ha dado su visto bueno a un Anteproyecto que incluye medidas que buscan mejorar el acceso de la pyme a las licitaciones públicas… Al menos eso es lo que aparentan.

Las Organizaciones firmantes denuncian –las referencias que hace el texto dirigidas a mejorar el acceso de las pymes a la contratación pública son una mera “declaración de intenciones” que trata de enmascarar un ataque frontal a la PYME en beneficio de un número reducido de grandes empresas; mostrando además un –firme rechazo a la regulación contenida en el artículo 18 del Anteproyecto, en lo que respecta a los contratos mixtos, ya que dicha regulación obedece a los intereses y presiones ejercidas por los grandes grupos multinacionales–. También consideran imprescindible modificar el contenido de este Anteproyecto para garantizar “una regulación que impida integrar indiscriminadamente prestaciones de servicios y suministros que no estén vinculados entre sí, ni mantengan relaciones de complementariedad”, buscando evitar la concentración de contratos en un pequeño número de grandes empresas, mermando así la libre competencia y reduciendo las posibilidades de acceso de las pymes a dichos contratos.

ANECPLA también denuncia la práctica generalizada de las Administraciones Públicas, consistente en englobar bajo un mismo contrato diferentes prestaciones de servicios (muchos de los cuales ni siquiera están relacionados entre ellos), reduciendo drásticamente la libre competencia y obligando a nuestras empresas a acudir a largos recursos, administrativos y contencioso-administrativos, para defender sus intereses. 

Además, en contra de lo que pudiera parecer, la centralización no tiene por qué ir ligada a un ahorro económico para las Administraciones, como por ejemplo, en sectores donde se obliga a la subrogación de los trabajadores en las contratas. Una disminución en los costes de un contrato sólo puede achacarse a una merma en la calidad del servicio desarrollado, debido a reducciones en las horas de trabajo, y afectando también al número de puestos de trabajo asignados a dicho contrato y al nivel de contratación de la empresa adjudicataria.

Por otro lado, el artículo 99 del Anteproyecto deja entrever que el verdadero propósito del Gobierno es la transposición de la Directiva “de forma aparente”, dejando en manos de los órganos licitadores la potestad de dividir los contratos en lotes o no, lo que supondrá su una barrera insalvable para el acceso de la PYME a la licitación pública. Motivo por el cual las Organizaciones Empresariales consideran esencial que se realice una enmienda a la totalidad de este artículo, debiendo fomentarse la división de las licitaciones públicas en diferentes lotes, para facilitar el acceso la pyme a este tipo de concursos. Ya que, de lo contrario, los elevados importes de dichas licitaciones supondrían una barrera de acceso insuperable para las pymes, que representan el motor económico y de generación de empleo en España.

Finalmente, las Federaciones y Organizaciones Empresariales firmantes de este escrito estiman que es una ocasión ideal para –alentar a los poderes adjudicadores a utilizar el "Código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos–, adaptando nuestra legislación nacional a la normativa europea y a los principios que la inspiran… FAVORECER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO DE LAS PYMES A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN UN ENTORNO DE LIBRE COMPENTENCIA.