SE ACABÓ EL TIEMPO PARA LOS MOROSOS
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) se movilizará en el Congreso de los Diputados y llevará al Gobierno a la UE si no frena a las empresas morosas del IBEX.
La PMcM Contactará con las empresas del IBEX morosas para informarles de sus impagos y trasladará dichos informes al Gobierno y, posteriormente, a la UE si nuestro Ejecutivo no toma medidas reales para solucionar el problema.
Asamblea abierta
Una vez finalizado un periodo de diálogo, propuestas y reuniones, la PMcM celebró una Asamblea Abierta el pasado 17 de septiembre, donde se han determinado las acciones a desarrollar ante el incumplimiento de los compromisos en cuanto a morosidad asumidos por parte del Gobierno y los impagos a proveedores de algunas grandes compañías, elaborándose un documento formal mediante el cual se informará de manera personalizada a cada empresa morosa del IBEX sobre aquellos de sus pagos a proveedores que superan los plazos establecidos legalmente.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el éxito de la convocatoria pone de manifiesto la necesidad imperiosa de acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido”.
Medidas a desarrollar
Los informes relativos a las empresas del IBEX se trasladarán al Gobierno y si éste no acomete medidas reales inminentes que frenen los plazos abusivos de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento.
En un acto reivindicativo en el Congreso de los Diputados el próximo 14 de octubre solicitarán a los partidos políticos incluir en sus programas electorales medidas concretas de lucha contra la morosidad. “Ya no dialogamos, reivindicamos”, aclara la PMcM. Posteriormente habrá que comprobar pese a la modificación de la Ley de Contratación Pública, las Administraciones Públicas continúan contratando a determinadas grandes compañías “así veremos la sensibilidad que tienen las instituciones públicas ante esta lacra” dicen desde la Plataforma.
Este conjunto de iniciativas pretende dar salida a las demandas como la creación de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas, la agilización de la recuperación del IVA no cobrado y la puesta en marcha de un sistema que detecte automáticamente a las empresas morosas. “De llevarse a cabo estas medidas sin duda se reduciría la morosidad”, asegura Cañete. Según los últimos datos recabados, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.
En 2014, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 el año pasado, frente a los 60 legales, de acuerdo al informe anual de la PMcM. Mientras, el sector público mejoró sus plazos de pago reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días).
“Este avance en el sector público se ha debido especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas sancionadoras, otras de inyección de liquidez (como fueron los planes de pago del Gobierno), y también algunas de control, como la factura electrónica; es evidente que acometiendo las acciones pertinentes se puede acabar con esta lacra” indica Antoni Cañete.
Modificación de la Ley de Contratación Pública
Durante la Asamblea Abierta también se informó del estado de los avances acontecidos desde la firma en febrero del Manifiesto de “Tolerancia Cero” frente a la Morosidad, así como el anuncio del pasado viernes por parte del Gobierno sobre la “posibilidad” de penalizar a las grandes empresas en el acceso a los contratos públicos si éstas no tienen al día sus pagos a proveedores.
No obstante, según Cañete, la medida necesita una modificación para ser efectiva “que sea imperativa en vez de potestativa, porque deja una puerta abierta a que sea la propia Administración Pública la que seleccione a una empresa u a otra en función de si quiere o no aplicar la nueva normativa, por lo que su aplicación puede ser más bien testimonial”.
Si por el contrario la Administración Pública comienza a acometer esta medida con celeridad, el presidente de la PMcM vaticina que “podríamos estar frente a un grave problema para acceder a la contratación pública, ya que gran parte de las grandes compañías son morosas”.
